Enriquecerse a costa de los demás

Se extiende como una mancha de aceite la idea de que enriquecerse con la inversión inmobiliaria es una actividad inmoral, incluso una actividad que debería prohibirse. Que los ricos inviertan en bolsa y en criptomonedas, pero que no especulen con los hogares de la gente, llegan a decir algunos políticos y líderes sindicales.

¿Qué hay de justo y de cierto en esta postura? Recientemente, saltó la noticia de que Amancio Ortega, uno de los hombres más acaudalados de la Tierra, apostaba precisamente por el ladrillo para aumentar su ya formidable fortuna y se había convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo. En un contexto en el que resulta enormemente costoso para el ciudadano medio —y no digamos ya el ciudadano humilde— acceder a una vivienda, sea ésta en propiedad o en alquiler, la conclusión que resulta de siglos de intuiciones morales sobre igualdad y justicia es que no está bien que exista semejante desfase entre los que tienen más y los que tienen menos, y que es aún menos defendible que aquéllos ensanchen su patrimonio a costa de éstos.

Si bien es cierto que en el caso de Ortega parece que el grueso de su cartera lo componen inmuebles no residenciales, Gabriel Rufián declaraba que ante patrimonios inmobiliarios como el del fundador de Zara urgía intervenir el mercado y prohibir la acumulación de vivienda, ya que la alternativa —aumentar la oferta— sólo serviría para que los ricos acumulasen más vivienda. La autora Margot Rot fue más allá y sugirió que había que «imitar la acumulación de riqueza, establecer techos máximos de patrimonio y mecanismos fiscales y legales que impidan la concentración extrema, de modo que nadie pueda enriquecerse ilimitadamente a costa de recursos que son esenciales para la vida».

Creo que existen al menos dos motivos por los que alguien puede llegar a sostener esta idea de que el enriquecimiento a través de la inversión (o especulación, si queremos que suene peor) inmobiliaria es inmoral: uno coyuntural y otro más filosófico. El primer motivo surge de un contexto actual de enormes problemas para acceder a la vivienda, tanto de alquiler como en propiedad. Ante la escasez de oferta —que ningún poder estatal parece estar dispuesto a o capacitado para solventar—, quienes no logran acceder al mercado inmobiliario ven con enorme suspicacia la fortuna que pueden amasar los propietarios con sus inmuebles y piden que se priorice el acceso a la vivienda sobre la ganancia económica. Sin embargo, ¿son acaso incompatibles estas dos cosas? ¿No es posible satisfacer una necesidad y al mismo tiempo obtener un beneficio? Esto se da constantemente: los empresarios se lucran con el pan, la ropa, los libros y el transporte. Filosóficamente no hay mucha diferencia, pero es verdad que las circunstancias excepcionales de la vivienda en nuestro tiempo hacen que sea difícil ver el enriquecimiento a través de la inversión inmobiliaria con los mismos ojos que otros sectores empresariales: sería aceptable en un contexto de oferta abundante y suficiente que ahora mismo no tenemos.

El segundo motivo para recelar de esta vía para enriquecerse está, creo, relacionado con una convicción mucho más profunda. Es la idea de que el enriquecimiento es imposible sin la explotación del prójimo. Limitar la acumulación de riqueza equivaldría a limitar la explotación, y la redistribución sería entonces una obligación moral. Esta teoría, según la cual la economía es una especie de juego de suma cero a partir del cual lo que uno obtiene sólo puede ser a expensas de otro, es uno de los principales elementos de discordia, de incomunicación y —por qué no decirlo— de crispación cada vez que he debatido con personas de otras orillas ideológicas. La idea de Chirbes de que no hay fortuna inocente.

Hasta cierto punto, esto es incontestable: no hay gran fortuna inocente, ya que ésta se construye a través de millones de decisiones, algunas de las cuales serán indefectiblemente inmorales. Pocos han explicado esto mejor que J.C. Chandor en su obra maestra El año más violento (2014). Sin embargo, el salto de fe que supone asumir que no hay enriquecimiento alguno sin explotación es algo un poco más difícil de creer, ya que exige una premisa bastante cuestionable: la idea de que las cosas tienen un valor intrínseco o natural, y que por tanto existe un precio justo que se deja de pagar para obtener un beneficio inmerecido.

Si los bienes y los servicios tienen un valor natural, no pagar el precio justo por ellos sería un robo. Así, el empresario se enriquecería exprimiendo la plusvalía de sus empleados y el propietario llenaría sus bolsillos cobrando alquileres desorbitados, absolutamente alejados del valor real de sus inmuebles. Pero ¿cuál es ese valor real? ¿Cómo se determina? Sabemos —de forma tan intuitiva como sabemos que enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno no es una empresa noble— que esto no es verdad: las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas y la última cocacola del desierto vale más que todos los diamantes de la Tierra para un hombre sediento.

Así, como el salario y el alquiler vienen marcados por infinidad de factores: la pura negociación con sus desequilibrios de poder, las misteriosas leyes de la oferta y la demanda, coyunturas demográficas, bélicas, incluso climatológicas. La determinación de precios es algo tan inasible que nos aferramos a una teoría más simple para poder hacer pie y entender lo que pasa, pero esta teoría de que existe un precio justo no es una buena manera de explicar la realidad. Y si no hay precio justo y objetivo entonces no puede haber explotación intrínseca en todo mecanismo de enriquecimiento. Y si no hay precio justo entonces la riqueza tampoco puede ser un juego de suma cero, sino que se puede crear de la nada con esfuerzo, creatividad y suerte. Y qué me importa todo este debate teórico si no paran de subirme el alquiler y por más que ahorro no me da para pagar una entrada

Importa porque las buenas intenciones —intervenir el mercado para que la gente pueda tener acceso a la vivienda— podrían ser contraproducentes y agravar el problema. A lo mejor hay que construir en plan salvaje oeste o a lo mejor hay que inundar las ciudades de VPOs. Quién sabe si soluciones más audaces —como descentralizar el Estado y repartir ministerios e instituciones por toda la geografía española hacer apetecibles las viviendas que se pudren en las regiones donde nadie quiere vivir— podrían acabar con el problema. Pero que alguien haga algo ya, que esto claramente no funciona.