En noviembre de 2024, Aitana Ocaña anunció algo que rompió los esquemas de muchos de sus fans: una tarjeta prepago del Banco Santander. La Tarjeta Prepago Aitana (literalmente) fue una estrategia con la dicha entidad intentó captar a clientes jóvenes. Además de cuatro chorradas incluidas en la promoción (un monedero de regalo, tatuajes temporales, descuentos en la tienda oficial de merchandising), la tarjeta permite a los titulares de la misma acceder a la preventa de entradas de la artista. Para algunos fue todo un win-win: la tarjeta era gratuita y además les ahorraba el infierno en la tierra que supone comprar entradas en un mundo donde auténticos criminales como la junta directiva de Ticketmaster todavía se pasea libremente por la calle; otros, en cambio, recibieron el anuncio con cierto escepticismo: era incomprensible, para muchos de sus seguidores, que Aitana, su artista favorita, su ídolo, su amiga, se hubiese prestado a hacer publicidad para un banco. ¡Un banco! ¡De los que desahucian a la gente!
Incomprensible, por supuesto, que algo así lo hiciese la mismísma Aitana Ocaña, encarnación harto conocida de los ideales marxistas, anticapitalistas y de lucha de clases vigentes desde los primeros escritos de Marx y Engels, ideas que lleva difundiendo desde que resultase finalista de Operación Triunfo en 2017. Ironía aparte, la realidad es que Aitana constituyó en el año 2022 Sop y Oli S.L., una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, con un capital de 700.000 € y cuya única administradora y accionista es ella misma. También presentó un menú de McDonald’s y tiene una muñeca Nancy propia. Y ahora mismo, mientras escribo esto, leo este titular: «Aitana da nombre a un avión de Air Europa» y el subsiguiente texto: «Sebastián Lladó, jefe de patrocinios de la compañía [...] ha celebrado que la iniciativa "une dos mundos: la aviación y la música", además de reconocer a "una de las artistas más queridas y con mayor proyección internacional". Aitana, de hecho, va a ser la primera artista mujer en tener un avión con su propio nombre en la aerolínea». Nótese lo de «artista mujer», ya que otros como David Bisbal o Melendi también tienen su propio avión.
Pocas cosas definen mejor el concepto de «charca» como esta, pero lo que mejor revela esta concatenación nada casual de promociones tan alejadas de la industria musical es que Aitana no es tu amiga, Aitana es una empresa.
Cambiemos ahora el nombre de Aitana por el que realmente es el protagonista de este artículo y que justifica su publicación en la categoría «Cines»: Filmin.
El servicio de streaming catalán fue noticia hace poco por el revuelo que causó el estreno en la plataforma del documental Ícaro: la semana en llamas. El documental, disponible desde el pasado 9 de enero hasta el día 31, da voz a los agentes de la Policía Nacional desplegados en Barcelona durante las manifestaciones de Via Laietana surgidas tras la sentencia del procés. Con casi 3000 valoraciones, tiene en Filmin un 4.8; en FilmAffinity, un 4; y, en Letterboxd, un 49% de medias estrellas (un 1 sobre 10). «Documental» por llamarlo de alguna forma, porque, en palabras de Jordi Basté, «en el primer cuarto de hora ya queda todo claro y es una pérdida de tiempo. No estamos ante un intento honesto de entender qué pasó, sino ante un relato dirigido, tutelado y cargado de intencionalidad sobre los hechos que ocurrieron después de la sentencia del 1 de octubre. No incomoda por lo que explica, sino por cómo lo explica. A medida que avanza, el sesgo es tan evidente que acabas con una sensación inquietante. Todo está rodado con luz baja, rostros apagados, silencios calculados y una música que no acompaña, lo que hace es dirigir; una música que te dice cuándo te tienes que emocionar, cuando tienes que sentir miedo y cuando tienes que aplaudir la heroicidad [...] Un buen material no justifica un mal uso, porque el problema no es lo que se ve, sino lo que se evita: no hay contexto, no hay contradicción, y, sobre todo, no hay matiz. Todo está orientado a construir un relato casi épico de unos agentes que acaban pareciendo personajes de ficción. De una ficción, además, muy mal guionizada [...] El final del documental ya es el golpe definitivo: agentes declarando el amor a las familias, familias presentadas como aterrorizadas por si no los volvían a ver, voces rotas y la música, que no falle, solemne y épica. No es emotivo, es obsceno; no es un testimonio, es una manipulación emocional. Y no busca entender, busca justificar. El problema no es que esté colgado en Filmin, el problema es que no cumple ni los mínimos».
No me centraré aquí en analizar dicho documental (me sentiría incapaz de escribir una reseña mejor que la anterior), ni tampoco en la polémica per se, sino en aquello que ha circundado a ambos en los últimos días. A raíz de lo ocurrido, Jaume Ripoll, director editorial de Filmin, publicó un comunicado en el que podía leerse lo siguiente: «Programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque [...] Filmin no censura películas por su orientación ideológica».
Intentaré aquí analizar varios de los conceptos mencionados. Si bien es cierto que programar una película no equivale, ni mucho menos, a suscribir su enfoque, programar una película es, siempre, una decisión política. Uno, como responsable de un catálogo, decide qué forma parte de él y qué no, y justificará su decisión en unos criterios que regirán para todos los contenidos de dicho catálogo. Y los criterios serán cinematográficos y, evidentemente, también ideológicos. Porque ¿desde cuándo tiene el cine la misión de ser imparcial? ¿Desde cuándo se debe a una supuesta paridad? ¿Una paridad impuesta por quién? Que Filmin (o cualquier otra plataforma) piense que rechazar una película por su orientación ideológica es «censurarla» es caer en el profundo error de comprar el relato victimista de aquellos que pretenden que se les respete la libertad de esparcir un discurso de odio bajo el paraguas de la «pluralidad», la «democracia», la «libertad de expresión» y el resto de conceptos que ya no significan nada. Vuelvo a Godard y su ¿Qué hacer?: hay quien hace cine político y hay quien hace cine políticamente. Godard era de los segundos. No sólo es que se pueda rechazar una película por motivos ideológicos, es que, de hecho, hay que hacerlo. Una plataforma de streaming no es una ONG, no es una monja de la caridad; una plataforma de streaming, como dice el propio Jaume (aunque después me detendré a analizar la frase y sus matices) se debe únicamente al cine. Nada más.
«Censura» es otra de esas palabras que tampoco parece tener ya significado, o al menos no el significado que tenía en su origen. Rechazar una película por «exhibir una ideología contraria» es simplemente eso: rechazarla. Censurar censura el Estado, no la gente; tampoco una plataforma. Porque aunque haya a quien se le pongan los dientes largos por poder acusar a los progres catalanes de Filmin de censores, la realidad es que Filmin no tiene capacidad de censurar nada y ningún control tiene sobre cualquier cosa que ocurra más allá de su dominio web. Los productores de Ícaro tienen plena libertad para irse a otra plataforma, ahí tienen las puertas a las que también los centenares de directores y productores que han sido rechazados por otros muchos motivos (y a los que no se les ocurriría jamás tildar de censores a quienes están tras ellas) han llamado antes. Por poder, pueden subir el documental a YouTube, si quieren; o a Vimeo o a Dailymotion. Como si lo quieren publicar en la página web de la Policía Nacional junto al botón de pedir cita para renovar el DNI. ¿Qué clase de censura es esa? ¿No iba el libre mercado de que las empresas pudieran hacer lo que quisieran sin que el Estado interviniera en lo más mínimo en sus decisiones? ¿No era que si no te gustaba lo que hacía una empresa montases tú la tuya?
Lo que no puede pretender quien produce un documental como el mencionado es esperar que todas las puertas estén abiertas para él, alfombra roja y cheque incluidos, bajo el pretexto de que hay que respetar todas las formas de pensar. Pues no, ni mucho menos, sólo nos faltaba. ¿A santo de qué tiene que cambiar una empresa sus criterios de selección sólo porque les ha brotado que su película esté en Filmin? ¿Ustedes quiénes son y qué se les debe?
El trampantojo está en ver una censura donde lo que hay es una crítica, con la que se podrá estar o no de acuerdo, pero que no deja de ser una manifestación legítima de una queja lícita, y el ejemplo es el editorial que la revista Jot Down dedicó a la polémica. En él leemos lo siguiente: «Aquí no se trata de si Ícaro es un buen documental. Probablemente no lo sea. Se trata de si una plataforma puede ser obligada a retirar una obra por presión política. Se trata de si el linchamiento digital es un mecanismo válido para moldear el catálogo de un servicio de streaming. Se trata de si la respuesta al discurso que nos incomoda es más discurso o es censura. Y se trata, sobre todo, de quién decide qué se puede ver y qué no». Alguien que desconociese el contexto podría pensar que ha salido Pedro Sánchez a la tribuna del Congreso a criticar la presencia del documental en la plataforma o que la Fiscalía ha solicitado su eliminación por vía de urgencia. Nada más lejos de la realidad, esa «presión política» (expresión que yo considero tremendamente capciosa) ha surgido de los propios clientes de Filmin, que digo yo que algo de voz tendrán para expresar sus opiniones y formular sus quejas (con el mismo derecho de Filmin a tenerlas o no en cuenta) sobre el contenido que se publica en la plataforma que ellos mantienen. ¿Qué censura puede ejercer Neus, vecina de Vilanova i la Geltrú, que lo único que ha hecho ha sido darse de baja de la plataforma y hacerle perder 9,99 € al mes? A menos que Neus sea magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ninguna. Las palabras significan cosas, que a veces se nos olvida. ¿O es que, a veces, queremos que signifiquen otra cosa que nos venga mejor?
El final del comunicado que firmaba Jaume Ripoll, en su nombre y el de Filmin, «Nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal» sería un muy buen alegato en favor del cine y si no partiese de una contradicción esencial que la echa por tierra: Filmin no es tu amigo, Filmin es una empresa.
Filmin tiene un compromiso con el cine, sí, pero lo tiene en tanto que el cine es, ahora mismo, un producto que debe ser explotado y mercantilizado. Filmin (y cualquier otra empresa, ya sea una productora, una distribuidora o una escuela de cine), supedita dicho compromiso a su rentabilidad económica. Puede que no lo hagan sus trabajadores (que me consta de primera mano que son gente maravillosa), puede que ni siquiera lo haga el propio Jaume Ripoll (que ha demostrado no pocas veces que vive por y para el cine); el problema es que Comunidad Filmin S.L., empresa privada constituida jurídicamente como sociedad limitada, es una entidad superior a la suma de sus partes. Y esta contradicción entre estar comprometido con el cine y basar su relación con él a su rendimiento en un Excel, en competencia directa con otras empresas que funcionan exactamente del mismo modo, es insalvable por mucha ética y conciencia social y artística que posean quienes la conforman. Dicho esto, no querría que se extrayese de aquí un discurso moralizador o paternalista, pues quienes forman el equipo completo de Filmin son tan o más conscientes de ello que cualquier otro.
Quienes sí parecen errar en sus conclusiones son aquellos que, por haber asimilado una horizontalidad en su relación con Filmin, se lanzaron en masa a la defensa de lo que a todas luces fue una decisión editorial errónea. Errónea porque el mismo Jaume Ripoll declaró horas después en elDiario.es que «Ícaro: la semana en llamas no es un documental con cabida en Filmin, pero firmamos un contrato», y el artículo seguía: «“De haber detectado el título a tiempo, al vendedor le hubiéramos sugerido que buscase otra plataforma más adecuada porque no la veíamos para Filmin”, asevera. Además, añade que desde el punto de vista de la calidad de realización no es una cinta destacable». El editorial de la Jot Down, ignorando las palabras de Ripoll, decía lo siguiente: «Filmin, hasta ahora, no lo ha hecho [pedir perdón]. Y eso es lo que hay que celebrar. No el documental, que puede ser una porquería. El gesto de mantenerlo. De decir: aquí cabe todo lo que cumpla un mínimo de calidad, incluso lo que nos repugna». Pues parece ser que ni siquiera tenía ese mínimo de calidad. Parece ser que, al final, no cabía.
Nada de esto es nuevo y nada de esto importa, porque bajo la supuesta intención de defender a Filmin lo que hay es un intento de levantar un muro de contención que impida que las mismas críticas, cuando sean ellos quienes cometan los errores, les afecten lo menos posible. El editorial termina así: «Atacar a Filmin en lugar de conversar con ellos sobre la idoneidad o no de un documental es renunciar de forma explícita a la crítica y abrazar la coacción, sustituir el argumento por la amenaza y el intercambio de razones por el castigo ejemplar, como si el desacuerdo cultural solo pudiera resolverse a golpes simbólicos y no mediante ese ejercicio incómodo, lento y siempre imperfecto que se llama deliberación». No es difícil ver dónde pretenden llegar: ellos establecen cómo y en qué términos se ejecuta la queja, ellos prescriben qué crítica está bien y cuál está mal, y, sobre todo, ellos juzgan y sentencian quién se manifiesta bien y quién lo hace mal. Curioso que la única disidencia que ellos consideren válida sea la que no afecta a su bolsillo, mientras que la que consiste en que dejen de recibir su mensualidad sin obstáculos está totalmente fuera de la ecuación y quienes la practican son, literalmente, «energúmenos» y «matones». Que el público rechace la presencia de un documental –por el motivo que sea– bajo la amenaza (o el acto) de cancelar su suscripción a quien lo exhibe es una forma de protesta tan válida como lo son los motivos de Filmin para mantenerla publicada hasta el final del contrato. Si para los editores de la Jot Down quien lo hace es un energúmeno, que tengan en cuenta que hasta ahora ese energúmeno pagaba sueldos.
Querría terminar este texto con unos breves apuntes sobre el estado general de las plataformas de streaming. Desde 2015, el coste de las mismas ha subido un 81 %. Filmin subió 2€ su mensualidad mensual (de 7,99 € a 9,99€) en 2024 y 15€ su mensualidad anual (de 84 € a 99€) en 2025, mientras la análoga de Netflix (estándar sin anuncios) ha pasado de los 12,99 € a los 13,99 €. La oferta con «descuento de por vida» de HBO, de 4,99 €, es ahora de 5,49 €, y la suscripción normal pasa de 9,99 € a 10,99 €. Disney+ pasa de los 9,99€ a los 10,99 €. Subidas que, si uno se pasea por los catálogos, no parecen haber repercutido en su calidad. Puede que aquí sea Filmin la única que se salve, pues en 2025 incluyeron toda la serie de Twin Peaks, que seguramente ya justifica plenamente la subida de precio. El resto… en sus respectivas líneas, como siempre.
Pese a esto, el número de suscriptores no ha dejado nunca de subir, aunque haya habido bajas puntuales durante algunos años. Y esto choca con el hecho de que hoy día, con internet en el estadio en el que está, cualquier contenido audiovisual está disponible en centenares de páginas pirata. Y esto modifica bastante el paradigma: las suscripciones a plataformas digitales ya no son llaves únicas de acceso a películas y series de otro modo inaccesibles; las suscripciones son, ahora mismo, atajos que permiten al usuario ahorrarse el trabajo de piratear lo que fuese que quisieran ver. Una tarifa a pagar por ahorrarte el engorro (breve, pero engorro) de buscar un enlace a alguna de estas webs que no esté caído, encontrar el torrent que vaya más rápido, descargar los subtítulos si no vienen incluidos, y sincronizarlos si no lo están. Esto te puede costar unos diez o quince minutos (o un poco más si necesitas ver la película en 4k y en Dolby Atmos), pero en ese tiempo puedes haber perdido el interés en ver lo que estuvieses descargando. Con una plataforma de streaming tenías, por lo que costaba una entrada de cine, acceso a un catálogo interminable a golpe de clic; ahora la brecha entre el precio de una entrada de cine y el coste de una suscripción es más amplia, pero todavía es asumible, ahí están los números, para el grueso de la población.
El problema es cuando esos números bajan, y tras la polémica de Filmin, al parecer, han bajado más de lo que les gustaría. No han dado datos, pero para ninguna empresa es bueno que sus números bajen. La pregunta es dónde está el límite para que quienes llevan años pagando rigurosamente su suscripción se decidan finalmente a cancelarla para recuperar el viejo modelo del Ares y el eMule. ¿Cuál es entonces el futuro de las plataformas de streaming? No nos referimos a algo como la eterna guerra del libro electrónico contra el libro en papel (quien sea que quiera considerarla así), aquí estamos hablando de que los que usan el catálogo de Netflix y los que se decantan por el de ThePirateBay acceden exactamente al mismo contenido, con la diferencia de que uno de los dos grupos lo hace sin gastar un céntimo.
Mi alegato final, y con esto cierro, es que sí, Filmin tiene probablemente el mejor catálogo de cine de Europa, y puede que a nivel mundial sólo lo supere Criterion que, por el momento, no parece interesado en extender su mercado fuera de Estados Unidos y Canadá, aunque exporte parte de sus Blu-rays a Reino Unido de la mano del BFI. Sí, Filmin tiene también fallos y un amplio margen de mejora: copias de películas en muy mala calidad, traducciones con grandísimos errores o incluso subtítulos amateurs. No estaría de más que quienes cierran filas con los suyos a la primera de cambio pudiesen mirar un poco más allá de su propio ombligo y entender que su amigo también puede equivocarse. «Nadie es perfecto» es el título de la biografía de Billy Wilder. Y sí, nadie se imagina a Filmin quebrando, pero sería pertinente recordar que la pervivencia eterna de su catálogo no es algo que haya que dar por sentado como quien asume que tras la noche viene siempre el día. Ellos tendrán el suyo, pero nuestro compromiso por el cine pasa por que la palabra «piratería» adopte en algún momento la acepción de «protección»; protección que no consistirá en incurrir mensualmente en un pago automático a una empresa que, por poder, puede cerrar mañana mismo, sino en descargar, almacenar y compartir todo cuanto se escribe, rueda, produce, edita y estrena. Y si un error editorial ayuda a comprenderlo mejor, bienvenido sea.
